Por Redacción
Ciudad de Mexico, 18 de marzo de 2026.- El Congreso de El Salvador aprobó este martes una reforma constitucional que habilita la cadena perpetua en el país, una medida impulsada por el presidente Nayib Bukele y su partido Nuevas Ideas. La modificación, que recibió 61 votos a favor en la Asamblea Legislativa, elimina la prohibición expresa que existía en el artículo 27 de la Constitución. El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, calificó las acciones del gobierno como “irreversibles”, aunque no precisó la fecha exacta de entrada en vigor de la enmienda.
La votación contó con el respaldo de los 59 diputados oficialistas y aliados, además de dos legisladores de oposición. La reforma se produce en el contexto del régimen de excepción que rige en la nación centroamericana desde hace cuatro años, una herramienta implementada para combatir a las pandillas pero que ha sido señalada por organizaciones de derechos humanos. El presidente Bukele ha defendido la medida como parte de su política de “mano dura” contra la criminalidad.
Sin embargo, la iniciativa llega acompañada de fuertes cuestionamientos internacionales. Un informe del Grupo Internacional de Expertas y Expertos (GIPES) vinculó las acciones del gobierno salvadoreño durante el estado de excepción con posibles crímenes de lesa humanidad. A pesar de estas acusaciones, la narrativa oficial insiste en presentar la cadena perpetua como un instrumento legal y legítimo para garantizar la seguridad de la población.
El debate sobre la reforma encapsula la polarización en El Salvador: por un lado, un amplio sector ciudadano apoya las medidas drásticas ante la histórica violencia de las maras, y por otro, voces críticas alertan sobre el deterioro del Estado de derecho y las garantías fundamentales. El gobierno no ha detallado aún qué delitos específicos serán castigados con esta pena máxima ni los procedimientos legales que seguirán tras la aprobación legislativa.
Analistas políticos consideran que esta modificación constitucional consolida el proyecto autoritario de Bukele, quien mantiene altos niveles de popularidad. La oposición política salvadoreña, más allá de los dos diputados que apoyaron la reforma, no ha emitido una reacción unificada y contundente. Se espera que organizaciones civiles y organismos internacionales incrementen su presión sobre el gobierno en los próximos días, en un escenario donde la lucha contra el crimen y el respeto a los derechos humanos parecen caminos en constante colisión.
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