Por Redacción
Ciudad De México, 19 de marzo de 2026.- La Comisión Permanente y las fuerzas políticas aliadas al gobierno federal ultiman detalles para someter a votación el llamado ‘Plan B’ de la reforma electoral en el pleno del Senado, con la expectativa de realizar la sesión este próximo 25 de marzo, antes del receso de Semana Santa. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ha generado una polarización inmediata: mientras la coalición oficialista argumenta que fortalece la participación ciudadana, la oposición la califica como un mecanismo de control autoritario que incrementará el gasto público.
Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, aseguró que existe la intención de votar la reforma constitucional la próxima semana, aunque medios como SDP Noticias señalaron que hasta el momento no hay una confirmación oficial definitiva sobre la fecha exacta. Por su parte, el diario La Jornada reportó que el partido tiene planeado aprobar el dictamen en el pleno, contando con el respaldo general del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y del Partido del Trabajo (PT), a pesar de que estos aliados han expresado reservas internas sobre ciertos aspectos de la propuesta.
La controversia se centra en los efectos prácticos de la reforma. El diputado Elías Lixa Abimerhi criticó abiertamente que la modificación generará más gasto en lugar de ahorro, dado que obligará a aproximadamente 1,100 municipios en todo el país a ampliar el tamaño de sus cabildos. Según los datos duros de la investigación, solo 56 municipios reducirían su número de integrantes, mientras que en estados como Yucatán, el 74% de las alcaldías tendrían que crear 221 regidurías adicionales.
Desde la oposición, el senador del PRI Manuel Añorve Baños definió la iniciativa como el ‘Plan Maduro’, equiparando la estrategia con medidas autoritarias observadas en Venezuela. Columnistas de opinión en medios digitales como Quadratín México y López-Dóriga Digital han sumado voces a esta crítica, calificando la reforma de ‘golpe de Estado’ y ‘Ley Maduro’. Un argumento central de los detractores es la inclusión de la revocación de mandato, la cual consideran improcedente constitucionalmente al no existir actualmente una ‘pérdida de confianza’ documentada hacia la presidenta.
El contexto político marca una tensión evidente entre el bloque de Morena, PVEM y PT, que busca consolidar los cambios en los órganos electorales, y el frente opositor compuesto por PRI, PAN y PRD. Mientras el gobierno enfatiza la necesidad de ajustar privilegios en las instituciones electorales, los críticos advierten que el objetivo real es debilitar al Instituto Nacional Electoral (INE) y permitir una campaña permanente del Ejecutivo. La votación, de concretarse el miércoles 25, marcará un punto de inflexión en la legislatura actual.
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