Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general el proyecto de reforma electoral conocido como ‘Plan B’, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. La votación, realizada con 128 senadores presentes, arrojó un resultado de 87 votos a favor y 41 en contra, consolidando el respaldo de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano votaron en sentido negativo.
El núcleo de la aprobación legislativa incluye medidas orientadas a la reducción de costos operativos y la eliminación de prestaciones consideradas privilegios para funcionarios electorales. Entre los puntos resolutivos destacan el establecimiento de un tope máximo de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del presupuesto estatal correspondiente, así como la supresión de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados del órgano electoral.
Asimismo, se validó un recorte progresivo del 15% al presupuesto del Senado. Sin embargo, la sesión marcó una divergencia significativa dentro de la propia coalición gobernante respecto a uno de los ejes centrales de la propuesta original: la adelantación de la revocación de mandato al año 2027. Esta medida, que habría permitido incluir a la mandataria en una consulta popular anticipada, fue descartada debido a la negativa expresa del Partido del Trabajo, aliado estratégico del ejecutivo federal.
La dinámica de la discusión reflejó posturas encontradas sobre el impacto democrático y financiero de la reforma. Mientras el bloque oficialista defendió la iniciativa como un mecanismo para fortalecer la democracia mediante la austeridad y la eliminación de excesos, sectores de la oposición y análisis preliminares advirtieron sobre posibles retrocesos institucionales. Existen discrepancias técnicas sobre el ahorro real, pues aunque fuentes gubernamentales proyectan una reducción del gasto público, evaluaciones iniciales sugieren que la eliminación de bonos por trabajo extra durante años electorales podría incrementar el erario al requerir nuevos mecanismos para garantizar derechos laborales.
Con esta aprobación en lo general, la reforma avanza en el proceso legislativo, aunque persisten debates sobre los detalles específicos de su implementación y el impacto final en la organización de los comicios futuros. La exclusión de la revocación de mandato anticipada modifica el alcance político original de la propuesta presidencial, centrando ahora los efectos prácticos en la reestructuración financiera de los poderes legislativos y los órganos electorales.
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