Ciudad De México, 08 de abril de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe presentado por el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED), al negar que la crisis de personas desaparecidas en México constituya un crimen de lesa humanidad y criticar la ‘orientación’ del documento.
En declaraciones realizadas el 7 de abril de 2026, la mandataria sostuvo que el concepto de crimen de lesa humanidad, definido por Naciones Unidas, requiere ‘ataques sistemáticos contra la población civil’ por parte del Estado, situación que afirmó no ocurre en el país actual. Sheinbaum distinguió entre las desapariciones forzadas generadas desde el Estado durante la llamada ‘guerra sucia’ y las perpetradas actualmente por grupos del crimen organizado.
‘Una cosa es la desaparición forzada generada desde el Estado, que fue lo que ocurrió en México en la llamada guerra sucia (…) Nosotros separamos en dos lo que presentamos aquí. Lo que ocurrió en aquellas épocas, eso ya no ocurre. Si llega a ocurrir la desaparición de una persona por una autoridad del Estado, debe ser sancionada’, declaró Sheinbaum.
La presidenta insistió en que no se puede acusar a un gobierno que lucha contra la desaparición forzada estatal de cometer el mismo delito. ‘No pueden acusar un gobierno que luchó contra la desaparición forzada por parte del Estado de que está cometiendo el mismo delito o que equiparen la desaparición en México a ese delito’, enfatizó. Además, lamentó que el informe no reconozca los esfuerzos institucionales: ‘Nada más hay que leer las conclusiones para saber que no están reconociendo el esfuerzo que está haciendo el gobierno de México’.
Sheinbaum señaló como una debilidad del documento que no establece la diferenciación entre desapariciones estatales y las del crimen organizado, a pesar de que en México hay más de 130,000 personas desaparecidas según cifras oficiales. La Secretaria de Gobernación (SEGOB) había calificado previamente el informe de ‘tendencioso’ y anunció que ofrecerá una conferencia de prensa para exponer la postura técnica del gobierno, resultado de un análisis ‘párrafo por párrafo’.
Por su parte, el Comité contra la Desaparición Forzada, órgano integrado por 10 expertos independientes, presentó el pasado 2 de abril un informe a la Asamblea General de la ONU sobre los 132 mil 887 desaparecidos registrados al 6 de abril de 2026. El documento sostiene que las desapariciones forzadas en México tienen carácter generalizado o sistemático por parte del Estado y recomienda elevar el caso ante la Asamblea General a través del secretario general António Guterres.
Juan Pablo Albán, presidente del comité y abogado ecuatoriano reelecto para el cargo hasta 2029, defendió el proceso de análisis realizado desde 2012. ‘El Comité considera que el número de personas desaparecidas registradas, más de 132 mil al 19 de febrero de 2026, y su constante aumento son indicios de la magnitud del fenómeno a nivel nacional’, declaró Albán, quien rechazó que el comité pueda ser sometido a presiones por parte de los Estados.
Ante la postura del comité, diversas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Tlachinollan y el Centro Prodh, respaldaron la decisión del CED de solicitar la intervención de la Asamblea General de la ONU.
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