marzo 24, 2026
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Los Cabos, 24 de marzo de 2026.- Familiares, amigos y miembros de colectivos de búsqueda bloquearon la tarde del 23 de marzo el acceso al aeropuerto internacional de Los Cabos, en protesta por el hallazgo de cuatro fosas clandestinas en La Paz y la desaparición de Juan Luis Chico Torres, de 29 años de edad. La movilización busca exigir acciones concretas a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur ante la impunidad y la violencia en la región.

El detonante de la protesta fue el descubrimiento de cuatro fosas clandestinas reportado el 22 de marzo en La Paz, al cual se suma la desaparición forzada de Juan Luis Chico Torres. Durante el bloqueo en el terminal aéreo de Los Cabos, participaron familiares del joven desaparecido e integrantes del colectivo Búsqueda X La Paz, quienes han documentado históricamente más de 120 osamentas en la entidad, concentradas principalmente en la carretera que conecta a La Paz con San Juan de la Costa.

Dicha zona ha sido descrita por los colectivos como el cementerio clandestino más grande asociado a actividades del narcotráfico en el estado. A pesar de los esfuerzos de búsqueda ciudadana, la investigación carece de resultados específicos sobre las pericias realizadas en las nuevas fosas halladas, así como avances concretos por parte de la PGJE para esclarecer la desaparición de Chico Torres.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de BCS y la Fiscalía de desaparecidos son las instituciones señaladas por los manifestantes como responsables de dar respuesta a las familias. Hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente el vínculo entre las fosas descubiertas y grupos delictivos específicos, ni se han divulgado detalles sobre la hora exacta del bloqueo o el número preciso de participantes en la acción directa.

Este evento marca un nuevo capítulo en la crisis de desapariciones que afecta a Baja California Sur, donde la sociedad civil ha tenido que asumir un rol protagónico en la localización de restos humanos ante la falta de resultados institucionales. La presión social se mantiene activa mientras las autoridades no presentan un plan claro para investigar los hallazgos forenses y garantizar la seguridad en la península.

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